Mientras tanto, en cuatro entidades, como son el Estado de México, Campeche, Baja California Norte y Puebla -que decidieron reformar sus leyes tras la muerte, el pasado 15 de marzo, del activista transexual Agnes o Abraham Torres Hernández- también reflejan la prohibición de discriminar a personas, que pertenezcan al colectivo lésbico- gay; pero, no encontramos ningún tipo de sanción. En el estado de Baja California Sur, en su artículo 337 sólo se considera la discriminación racial, religiosa, étnica, por razones de género, edad o discapacidad, con una pena que va entre los seis mese a dos años de prisión; pero, no hay nada que trate el tema homosexual, lesbico, transgénero o transexual. En Puebla, por su parte, se añadió el término “preferencias sexuales” en el artículo 11 que trata la discriminación en el Código Penal cinco días después del asesinato del activista Agnes Torres y tras todas las protestas que tuvieron lugar. Pero, el Distrito Federal, por su parte, es el único donde se aprueba el matrimonio homosexual, incluyendo la opción de adoptar niños. Y, aunque fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la administración federal, a través de la PGR; por el gobierno de Jalisco y otros organismos, al final, todo esto quedó validado.
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